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Prestaciones Sociales e Inflación

enero 7, 2018

alejandro-caribasAlejandro Cáribas.- La primera Ley del Trabajo, promulgada en el año 1928, aunque no tuvo aplicación real durante la dictadura de Juan Vicente Gómez, significó un avance formal frente a las disposiciones del Código Civil que regulaban el denominado contrato de arrendamiento de servicios.  Es la Ley del Trabajo de 1936  la que realmente marca un hito en la historia legislativa laboral venezolana, no solo por las normas sustantivas que consagra, sino por la puesta en práctica de la protección de los trabajadores a través de la Oficina Nacional del Trabajo, antecedente de las Inspectorías del Trabajo.

Un sinnúmero de reformas y de leyes laborales han caracterizado nuestra evolución legislativa laboral, sin embargo a los fines de este trabajo destacaremos las de mayor significación respecto a la figura de la antigüedad, obviando los otros conceptos prestacionales. Recomendamos a quienes deseen profundizar en la historia de las leyes laborales el excelente trabajo de dos profesores de la ULA-Táchira David Niño Andrade y Mariana Buitrago, titulado “ Los Derechos a la Antigüedad y a la Estabilidad en el Seguimiento y Consolidación de la Legislación Laboral Venezolana: www. saber.ula.ve

En la Ley de 1936 se consagró la indemnización por despido ajenos a la voluntad del trabajador para los casos de los contratos de trabajo a tiempo indeterminado, a razón de 15 días de salario  por cada año de servicio, con un máximo del equivalente al salario de 6 meses; en la Ley de 1945 se incorpora el retiro justificado como causal adicional para la obtención de la indemnización por antigüedad; en la Ley de 1974 se produjo un avance significativo al establecer la procedencia de la indemnización por antigüedad con independencia de la causa  de la terminación de la relación de trabajo y del tipo de contrato de trabajo. Se convirtió a la antigüedad en un derecho adquirido.

La extinta Corte Suprema de Justicia en sentencia en sentencia del año 1983 interpretó que el salario base de cálculo para la antigüedad era el devengado cada año y no, el salario del mes anterior a la finalización de la relación laboral, lo que obligó al Congreso Nacional a reformar la Ley, estableciendo con toda precisión la denominada retroactividad laboral para el pago de la antigüedad, con el salario del mes anterior a la terminación de la relación de trabajo.

Paralelamente a la Ley del Trabajo de 1974 nació en ese mismo año la Ley Contra Despidos Injustificados que, permitía ponerle fin a la vinculación laboral en forma injustificada, con el pago doble de la antigüedad, cuestión que a juicio de los empleadores encarecía sustancialmente la relación de trabajo y les impedía realizar incrementos salariales.

El Gobierno de entonces intentando encontrar una solución justa al asunto, optó por una política de aumento de los ingresos a los trabajadores sin que los mismos tuvieran impacto en la antigüedad, al extremo que para el año 1997 el cuadro de los ingresos y los salarios era el siguiente: a) salario base Bs. 15.000; b) bono alimentario y de transporte Bs. 1.300 por jornada, equivalente mensual a Bs. 28.600; c) bono por alto costo de la vida Bs. 500 por jornada, equivalente mensual  a Bs. 11.000; d)   Bono puente Bs. 1,040 por jornada, equivalente mensual a Bs. 22.880.

En síntesis, el salario con efectos para la antigüedad era de Bs. 15.000 y los ingresos, sin efecto sobre la antigüedad, eran de Bs. 62.480; de manera que solo el 20% de los ingresos totales se consideraban para los efectos del cálculo y  pago de la antigüedad, mientras el 80% quedaba exceptuado para el pago de este concepto.  Se configuró así un proceso acelerado de des-salarización de los ingresos.

Lo anterior preparó el escenario para intentar nuevas negociaciones respecto al mantenimiento o no de la retroactividad del salario para el pago de la antigüedad, y para regresar a la salarización de los ingresos.

El resultado de las negociaciones entre empleadores, trabajadores y Gobierno se plasmó en la Ley Orgánica del Trabajo de 1997, quedando el cálculo y pago de la antigüedad en el equivalente a 5 días de salario por cada mes de trabajo y 2 días adicionales por año a partir del segundo año de la relación laboral contada desde el año 1997 o en fecha ulterior si esta se inició después y todos los bonos pasaron a formar parte del salario para el cálculo de la antigüedad, con la única excepción de la potestad de las partes para excluir hasta el 20% del mismo a los fines de la antigüedad, fue lo que se llamó salario de eficacia atípica.

Lo anterior se resume en la eliminación de la retroactividad del salario para el pago de la antigüedad y la conversión de los ingresos por bonos, en salario, con la única excepción  del salario de eficacia atípica.

En el 2012 se promulgó la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras que, estableció una suerte de híbrido en materia de cálculo  de la antigüedad, ordenando hacerlo trimestralmente a razón de 15 días de salario y  reiteró lo de los 2 días adicionales;  a la vez previó  calcular  la antigüedad con el salario del último mes, a razón de 30 días de salario por cada año de servicio, y el que resultare  mayor de estos cálculos es el que debe aplicarse.  Eliminó el salario de eficacia atípica.

Debido a que el problema inflacionario se ha acelerado desde el año 1999 sin interrupción y según los economistas entramos en hiperinflación,  el Gobierno regresó a la vieja fórmula de des-salarizar los ingresos mediante la obligación para el empleador de pagar un bono alimentario que obviamente ha ido creciendo para intentar compensar la pérdida del poder adquisitivo del trabajador, sin que tal ingreso impactara en la antigüedad.

El último día del año 2017 el presidente de la República anunció nuevos aumentos de salario mínimo y de bono de alimentación.   El nuevo salario mínimo es de Bs. 248.510 y el bono de alimentación es de Bs.549.000, para un total de ingreso mensual de Bs. 797.510, de los cuales el salario, que es el que sirve de base de cálculo para la antigüedad, representa el 31% y los ingresos que no se toman en cuenta para la antigüedad representan el 69%.

Ante el cuadro descrito, agravado por estar frente a una hiperinflación sin solución en lo inmediato, estimamos que  debe revisarse la figura de la antigüedad, bajo dos supuestos: 1.- Calcular el pago de la antigüedad incluyendo todos los ingresos  como salario, a razón de 5 días por cada mes, sin cálculo retroactivo y 2.-  Calcularlo  como se hace en la actualidad, tomando en cuenta solo el salario y no el bono de alimentación,  a razón de 30 días por cada año de servicio o fracción superior a los 6 meses, pagadero al final de la relación de trabajo.  Lo que sea mayor de ambos cálculos será lo que corresponde al trabajador, considerando los pagos mensuales como anticipos de la antigüedad, en caso de que el supuesto 2 sea superior al supuesto 1.

De acogerse esta reflexión el trabajador dispondría mensualmente de un ingreso adicional para enfrentar la hiperinflación y evitar que la antigüedad pierda su valor adquisitivo y, si finalmente  el cálculo retroactivo le favorece, ha dispuesto de una parte de su antigüedad para enfrentar la hiperinflación.

Los mayores agregados monetarios que se incorporarían al mercado como producto del pago mensual de la antigüedad si bien tendrían una relativa contribución a la inflación, su incidencia resultaría  menos perjudicial al trabajador que privarlo de lo que sería parte de su capacidad adquisitiva mensual.

Para hacer viable la posibilidad del pago mensual de la antigüedad es indispensable que el Ejecutivo Nacional asuma una disciplina fiscal en materia de aumentos salariales,  que se hagan planificadamente y en consenso con  empleadores y trabajadores.

 

alejandrocaribas@gmail.com

 

Acerca del autor

Alejandro Cáribas

Alejandro Cáribas

Licenciado en Administración y Abogado de la Universidad Central de Venezuela, con postgrado en Administración y doctorado en Derecho de esta misma casa de estudio. Fue Superintendente de Bancos (2000-2002), Presidente de Banco Activo, C.A. (2006-2009) y Asesor Jurídico Corporativo de varias organizaciones públicas y privadas, incluyendo la Presidencia del Banco Central de Venezuela (BCV). Fue Director de la Escuela de Administración y Contaduría de la UCV y actualmente es asesor académico del Instituto Universitario de Seguros. Cuenta con varias obras publicadas sobre temas laboral, bancario y administrativo.

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