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Para ese juicio hay suficientes méritos

abril 18, 2018

TrinoMarquezTrino Márquez.- La corrupción alrededor de Odebrecht desató una tormenta en Brasil, Perú y Ecuador, entre otros países latinoamericanos. En Brasil provocó la salida del poder de Dilma Rousseff y el encarcelamiento de Lula, el líder más carismático y popular de ese país desde Getulio Vargas. En Perú, produjo la renuncia de Pedro Pablo Kuczinski y la orden de captura de Alejandro Toledo. La acusación contra este último, se levantó por haber cobrado una comisión indebida de veinte millones de dólares por una obra que fue concluida. En los países de la región donde el escándalo de Odebrecht ha estallado, los cuerpos legislativos y judiciales han actuado para investigar y sancionar a los responsables fundamentales. La excepción es Venezuela. Así como nunca han aparecido los responsables de pudreval; de las numerosas empresas de maletín denunciadas por Jorge Giodani, que saquearon los dólares preferenciales de Cadivi; de la quiebra y endeudamiento de Pdvsa, en plena bonanza de los precios petroleros; y del desfalco de los recursos financieros destinados a solucionar la crisis eléctrica, tampoco han aparecido los culpables de que casi 70% de las obras construidas por Odebrecht no hayan sido concluidas, a pesar de haberse proyectado con sobreprecio y haber sido canceladas muchas de ellas.

El grupo instalado en Miraflores desde hace dos décadas celebró la salida de Carlos Andrés Pérez de la Presidencia porque, supuestamente, era el jefe de  la corrupción. Su delito fue haber financiado, con 17 millones de dólares de la partida secreta, el aparato de seguridad encargado de la custodia de Violeta Chamorro. Ahora, esa misma gente se niega a que Nicolás Maduro sea investigado por la AN por los miles de millones de dólares que giran en torno a Odebrecht. Las pruebas presentadas por Luisa Ortega Díaz  en Bogotá ante el TSJ nombrado por la AN, muestran la existencia de suficientes indicios para iniciar un juicio contra Maduro por sus vínculos malsanos con el gigante brasileño. Con las evidencias aportadas por Ortega Díaz y el dictamen de ese  TSJ, la AN decide aprobar el antejuicio de mérito a Maduro.

El reto ahora consiste en establecer la pertinencia y alcances de  la decisión adoptada por la AN. Tarek W. Saab ha dicho que se trata de un proceso bufo e inmoral. Veamos. Desde el 6 de diciembre de 2015, Maduro se ha dedicado a lanzarle misiles a la AN. El 23 de ese mismo mes designó al TSJ, con la única finalidad de que torpedeara las funciones del cuerpo legislativo que se constituiría el 5 de enero siguiente; el día anterior  a la instalación de la nueva AN, ese TSJ le amputó a la oposición los tres diputados de Amazonas y, no obstante las numerosas elecciones convocadas por el régimen, jamás ha llamado a comicios en ese estado, sin representación parlamentaria desde entonces; pocos días después del  5 de enero, el TSJ aprobó el Decreto de Emergencia Económica que le ha permitido al mandatario gobernar en este campo sin la participación del Parlamento. El presupuesto de la AN fue drásticamente reducido, los ministros y otros altos funcionarios del gobierno recibieron la orden de no atender los llamados de la AN para comparecer ante ese foro. Todos los acuerdos, resoluciones y decretos aprobados por la mayoría opositora de la AN, son saboteados por el Ejecutivo o por el TSJ. Las protestas de 2017 se iniciaron cuando el TSJ pretendió derogar en la práctica a la AN y allanar la inmunidad de los diputados, decisión cuestionada por Luisa Ortega Díaz. Para rematar la faena creó la Asamblea Constituyente, órgano ampliado de la dirección del Psuv.

En este ambiente de confrontación y pugnacidad permanente del Ejecutivo con la AN, los parlamentarios toman la decisión de enjuiciar al presidente Maduro por sus nexos con Odebrecht.

Se trata de una decisión política inspirada en la necesidad imperiosa que tiene la AN de encarar la corrupción y reafirmar su autoridad frente a un mandatario que la ha desconocido y arrollado. En cuanto medida política resulta incuestionable. Bufo e inmoral ha sido el saqueo cometido por los funcionarios y amigotes del régimen, enriquecidos de forma obscena con las comisiones concedidas por Odebrecht, y los innumerables atropellos perpetrados por el régimen contra la representación parlamentaria opositora.

La decisión de los diputados tuvo la ventaja de reagrupar la oposición en torno a un objetivo común: enjuiciar a Maduro en el marco de la Constitución del 99. Los diputados opositores deben combatir la impunidad, de lo contrario  se convierten en sus cómplices. Este acuerdo unitario era fundamental. Representa un mensaje de fortaleza y cohesión  frente a la comunidad internacional y una página más del abultado expediente que debe seguir armándose contra un gobernante inepto, con vocación dictatorial y complaciente con la corrupción.

El antejuicio aprobado contra Maduro no niega, ni compromete la vía electoral. Quienes creen en esta línea pueden continuar en su esfuerzo sin ningún temor, ni duda.  Este enfoque fue adoptado por el grupo que apoya a Henri Falcón, cuyos integrantes decidieron asistir al Hemiciclo y votar en la sesión del martes 17 de abril. A CAP sus enemigos lo defenestraron en plena campaña electoral. Los comicios no son otra cosa que un escenario más de lucha.

 

@trinomarquezc

 

Acerca del autor

Trino Márquez

Trino Márquez

Sociólogo con Maestría en Filosofía y Doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela, se desempeña además como Profesor Titular en esta casa de estudios. Actualmente está cursando el Post Doctorado en Ciencias Sociales. Es Director Académico de CEDICE. Expresidente de la COPRE (Comisión Presidencial para la Reforma del Estado).

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