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Nicaragua y Venezuela, en el primer discurso de Bachelet como Alta Comisionada

Foto: Noticias-ONU

Nicaragua y Venezuela, en el primer discurso de Bachelet como Alta Comisionada
septiembre 11, 2018

“El número cada vez mayor de personas que huyen de Venezuela y Nicaragua demuestra una vez más la necesidad de defender constantemente los derechos humanos”, aseguró Michelle Bachelet este lunes ante el Consejo de la ONU que defiende estas garantías fundamentales.

Bachelet aseguró que si bien es urgente ayudar a los Estados que están acogiendo a los migrantes también es “fundamental” abordar las razones por las que las personas se van.

“La Oficina insta al Consejo de Derechos Humanos a que tome todas las medidas disponibles para abordar las graves violaciones de los derechos humanos que se han documentado en informes recientes en ambos países”, dijo.

Bachelet recordó que hasta el 1 de julio, 2,3 millones de personas habían huido de Venezuela, un 7% de la población total, debido en gran parte a la falta de alimentos o acceso a medicamentos esenciales y atención de salud, inseguridad y persecución política. “Este movimiento se está acelerando”, dijo, recalcando que la primera semana de agosto más de 4000 venezolanos entraron diariamente a Ecuador, mientras que unos 50.000 llegaron a Colombia en julio y 800 ingresan a Brasil cada día.

“Un movimiento transfronterizo de esta magnitud no tiene precedentes en la historia reciente de las Américas, y la vulnerabilidad de los que se van también ha aumentado: personas mayores, mujeres embarazadas, niños no acompañados y migrantes con problemas de salud”.

La Alta Comisionada resaltó que su Oficina ha seguido recibiendo información sobre violaciones de derechos sociales y económicos, como casos de muertes por malnutrición y enfermedades prevenibles, así como violaciones de los derechos civiles y políticos, entre ellos detenciones arbitrarias, malos tratos y restricciones a la libertad de expresión.

“El Gobierno no ha demostrado apertura a medidas genuinas de rendición de cuentas respecto a las cuestiones documentadas por la Oficina durante las protestas masivas de 2017”, recalcó.

Sobre Nicaragua, Bachelet lamentó que el Gobierno haya expulsado recientemente al equipo de su Oficina y pidió al Consejo de Derechos Humanos que fortalezca su supervisión en el país.

La Alta Comisionada resaltó que el número de personas huyendo de Nicaragua también está aumentado exponencialmente como resultado de la crisis en curso en el país y el deterioro de los derechos humanos.

Bachelet citó el informe de la oficina que documentó el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía así como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, malos tratos, casos de tortura y violencia sexual en centros de detención, obstrucciones a la atención médica, y violaciones de las libertades de expresión y reunión pacíficas, tales como la criminalización de defensores de los derechos humanos, periodistas y manifestantes disidentes del Gobierno.

“La Oficina continuará documentando las violaciones de derechos humanos en Nicaragua desde fuera del país”, expresó la Alta Comisionada.

Bachelet además llamó la atención sobre los graves riesgos que enfrentan los defensores de los derechos humanos como resultado de sus actividades legítimas en las Américas, especialmente en Colombia, México y Guatemala, e instó a los Estados a fortalecer la protección y las medidas preventivas para abordar esa situación.

La Alta Comisionada recalcó que hasta el 1 de septiembre se habían registrado 53 homicidios de defensores en Colombia este año, y se están verificando otros 57 casos más. En México, ocho fueron asesinados hasta agosto. “Muchos más han sido víctimas de la criminalización, demandas abusivas, campañas de desprestigio, vigilancia, amenazas de muerte y ataques. El año pasado fue también el año más mortífero de los periodistas en México, con al menos 12 asesinatos en 2017. En 2018, ya hemos registrado 8 muertos y 1 persona que ha desaparecido”, informó.

Además, en Guatemala se documentaron 18 asesinatos de defensores, en comparación con 12 en todo 2017. “Las reciente decisión presidencial de no extender el mandato de la CICIG después de septiembre de 2019 – y de negar la entrada al país a su director, Iván Velásquez – es deplorable. Abolirán un instrumento esencial en la lucha contra la impunidad y la corrupción”, dijo.

 

Fuente: Noticias ONU

 

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