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Comunicado de Fedecámaras Táchira ante la situación que vive el país

por David Rodríguez
Fedecamaras2

Finanzas Digital/Fedecámaras Táchira.- A través de un comunicado, Fedecámaras Táchira rechaza la violencia como medio para dirimir la violencia y señala que la conflictividad es el resultado de un conjunto de políticas económicas y sociales erradas.

Este organismo refiere que el gobierno ha sentado las bases de la ruina social a través de la economía socialista, basada en los controles de divisas, costos, precios y utilidades, que han traído consigo la escasez, la inflación, la desinversión, la desconfianza y el desempleo.

Indican que el gobierno debe acatar el mandato constitucional que le establece límites precisos a sus atribuciones reguladoras y le exige trabajar para promover la iniciativa privada, la producción de bienes y servicios y la libertad de trabajo, empresa, comercio e industria.

El texto del comunicado completo es el siguiente:

Fedecámaras Táchira: Consideraciones ante la situación que vive el país

1. La actual situación de conflictividad social es el resultado de un conjunto de políticas económicas y sociales erradas. El socialismo del siglo XXI ha sembrado odio, división y resentimiento, no ha podido resolver la inflación, la escasez, ni la inseguridad ciudadana. Además poco a poco se ha constituido un clima de impunidad y totalitarismo que ha desvirtuado todas las válvulas institucionales hasta obligar a los ciudadanos a participar en protestas pacíficas porque no encuentra ningún otro camino para hacerse oír.

2. Rechazamos la violencia como medio para dirimir las diferencias e igualmente el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza para intentar controlar las manifestaciones de calle. Rechazamos el abandono de garantías y derechos constitucionales a la hora de procesar a los detenidos por participar en las manifestaciones y exhortamos al respeto incondicional de los derechos humanos, el respeto por la vida, el rechazo a la tortura y tratos degradantes, el debido proceso y el uso de medios lícitos y de aceptación universal para controlar manifestaciones públicas.

3. El derecho a manifestar tiene rango constitucional. Es un mecanismo pacífico y democrático para llamar la atención del gobierno y exigirle rectificación y diálogo. La sociedad venezolana exige un ambiente político sin odios ni exclusiones, una economía que permita realizar los sueños de prosperidad de cada uno, y condiciones de seguridad ciudadana que permitan pensar que la vida es una expectativa confiable y no un resultado azaroso.

4. El gobierno debe atender el clamor social y disponerse al diálogo para la rectificación, con agenda y condiciones de participación previamente acordadas, en las que el reconocimiento y el respeto estén plenamente garantizados. Un diálogo respetuoso y sereno no puede ser la oportunidad para que el gobierno intente demostrar una posición de predominio, todo lo contrario; el gobierno es el que está obligado a dar señales de rectificación y compromiso con la paz. En este sentido deberían resolverse rápidamente la libertad plena de todos los jóvenes y estudiantes apresados por protestar, amnistía para los exiliados y su regreso al país, liberación de los alcaldes, lideres políticos y otros presos políticos, garantía de respeto a los derechos humanos y la investigación justa de las violaciones ocurridas hasta ahora, supresión del discurso intimidatorio y amenazante. El diálogo nunca será fructífero si se mantienen las condiciones de injusticia que ha sido motivo de las protestas ciudadanas.

5. El diálogo social debe ser productivo y por lo tanto generar soluciones y construir compromisos para el cambio. La inseguridad ciudadana tiene que atacarse en sus causas. El gobierno debe comprometerse a combatir la impunidad, trabajar para restablecer el estado de derecho y construir una agenda verificable para el desarme de los grupos paramilitares y unidades de batalla socialistas que actúan al margen de la constitución.

6. El gobierno ha sentado las bases de la ruina social a través de la economía socialista. Los controles de divisas, costos, precios y utilidades han traído consigo la escasez, la inflación, la desinversión, la desconfianza y el desempleo. La crisis económica se ha venido gestando a través de malas decisiones y la vulneración sistemática de los derechos de propiedad. El desabastecimiento ha venido creciendo gracias al colapso del control cambiario y a la negación sistemática de la libre empresa, su cerco a través de leyes, reglamentos, normas y disposiciones que han agotado los inventarios de las empresas privadas. No es cierto que las manifestaciones de calle hayan provocado escasez o inflación. Lo que ha ocurrido es que el colapso de la economía ha provocado insatisfacción social y los problemas de gobernabilidad que hoy sufrimos todos los venezolanos.

7. Preocupa que el gobierno no quiera rectificar ni muestre el sentido de urgencia que exige una crisis como la que vivimos. Es inocultable que las protestas piden soluciones a situaciones concretas, como que cinco ciudades del país se encuentran entre las primeras 50 urbes de más alto índice de criminalidad y asesinatos en el mundo. O que la inseguridad económica ha colocado a Venezuela como uno de los dos países con mayor tasa de inflación en el mundo. O que la vida se ha vuelto insufrible gracias a la ineficiencia e interrupción continua de la prestación de los servicios públicos. Los ciudadanos exigen calidad en el suministro de la electricidad, el agua y el gas. Los venezolanos quieren rectificación para poder disfrutar de buenos servicios sin colas, sin racionamientos y sin corrupción.

8. Estamos convencidos que si el modelo económico y social previsto en el llamado “Plan de la Patria” no se rectifica en sus premisas, provocará inexorablemente la destrucción vertiginosa de todo el aparato productivo nacional y consiguientemente la destrucción de las fuentes de empleo. El gobierno debe acatar el mandato constitucional que le establece límites precisos a sus atribuciones reguladoras y le exige trabajar para promover la iniciativa privada, la producción de bienes y servicios y la libertad de trabajo, empresa, comercio e industria. Sin empresa privada no es posible pretender empleos productivos, pero tampoco es posible vivir en libertad. El plan de la patria no puede seguir siendo la bitácora para destruir la economía, desestabilizar la sociedad y desmantelar la constitución.

Hacemos un llamado al gobierno para que tome debida nota de lo que planteamos. La paz y el progreso solo se pueden lograr transitando el camino de la justicia.

San Cristóbal, 24 de Marzo de 2014


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