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Sindicatos versus Consejos de Trabajadores: Dos visiones de la lucha laboral

por Javier Chourio

Finanzas Digital/Javier Chourio.- Las últimas disputas laborales en la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro (Sidor) parecen haber desnudado la situación en la que se encuentra la organización laboral en Venezuela, donde por un lado una divida dirigencia sindical en su batalla por reivindicaciones trata de mantener a flote a los sindicatos, y por otro los Consejos de Trabajadores como nueva estructura organizativa  buscan abrirse paso tocando las relaciones sociales de producción.

sindicatos 4Para Marcela Maspero, coordinadora de la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela (UNETE), parte de su organización trata de construir la unidad sindical en el país; sin embargo manifiesta que cada vez es más difícil lograrlo porque desde hace 4 años hay una política de Estado para acabar la figura sindical autónoma e independiente.

Maspero pone como ejemplo la discusión del contrato colectivo en Sidor, donde asegura, el Gobierno rompió la unidad del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y sus Similares (Sutiss). Expresa que ahora se está señalando a todos los integrantes de la UNETE de haber asistido a la reunión que se realizó el jueves 14 de este mes en horas de la noche, donde se acordaron las claúsulas concernientes al aumento salarial y la hoja de cálculos para los trabajadores.

“Después sale un compañero a romper la unidad y a traicionar a la clase trabajadora. Salió un traidor que se alió al patrono, que fue quien dijo que se había firmado el contrato colectivo”, dice en referencia al secretario de Sutiss, Jośe Meléndez, quien afirmó que el contrato colectivo se había sido firmado con el Gobierno.

Por otro lado manifiesta que una serie de acciones expresan la intención del Estado de penalizar la lucha sindical. Detalla casos como el del secretario general del Sindicato del Cemento en el estado Lara (Sintrael), Orlando Chirinos, quien ha sido despedido de la empresa por denunciar problemas de producción en la fábrica y  ha sido detenido acusado de asociación para delinquir y extorción por simplemente discutir el contrato colectivo. También mencionó el caso del dirigente del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco (Sintraferrominera), Rubén González, “quien fue detenido y luego de ser liberado sigue siendo víctima de persecución por su lucha a favor de mejoras salariales”.

Tal situación ha llevado a UNETE a exponer denuncias en el Tribunal Supremo de Justicia, amparados en los derechos colectivos que establece la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT),  pero afirma que no han sido asumidas por el organismo de administración de justicia. Asimismo apunta que han llevado a la Organización Internacional del Trabajo (OIT)  todas esas denuncias.

Control obrero

Desde el 2007 cuando el presidente Hugo Chávez instó a conformar los Consejos de Trabajadores del Poder Popular, esta nueva organización laboral buscó abrirse paso como un nuevo movimiento que tiene como base “la lucha por los derechos colectivos de los trabajadores  y su relación con la comunidad”.

El miembro del Movimiento Nacional por el Control Obrero, Jesús Dávila, señala que esta organización hace vida en las empresas básicas de Guayana y explica que estos movimientos buscan abrir la posibilidad de conformar nuevas visiones basadas en el ejercicio del control obrero, para  “desmontar el estado burgués e ir transitando al socialismo”.

Dice que aunque no hay una ley específica que norme a estas organizaciones, hay elementos en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras que establecen el ejercicio del control obrero.

Dávila señala que dentro del Plan Guayana Socialista se hicieron planteamientos de cómo organizar las “propuestas consejistas” y se acordó que dichas movimientos deben comenzar con mesa de trabajo que discuta la unidad productiva entre los trabajadores, el poder constituido y la comunidad,  para lograr que haya “más o menos una relación horizontal”.

El representante del Movimiento Nacional por el Control Obrero destaca las diferencias entre la tradicional organización sindical y su propuesta, señalando que a nivel nacional tienen la figura de vocería, que “son compañeros que asisten como voceros o voceras”.

De igual modo menciona que tienen una “coordinación sin coordinadores”, que es una instancia donde se reúnen  los  miembros de los Consejos de Trabajadores de Guayana, Miranda y Anzoátegui, por ejemplo, para organizar  las actividades y las propuestas de cómo se puede hacer las transformaciones al sector productivo.

Los voceros son rotativos y son elegidos  entre los trabajadores una vez que demuestran su participación al plantear propuestas e iniciativas a los problemas que se detectan en las asambleas de cada uno de los sectores que conforman una empresa.

“La clave de la propuesta consejista es la diferencia entre el representante y el vocero;  el vocero no representa sino es quien lleva la batuta en la iniciativa y  las propuestas”, dice Dávila.

Aclara que el Consejo de Trabajadores no es un partido, sino “un movimiento de movimiento de partidos y colectivos”. Por ello en los consejos que ya han sido establecidos en empresas como CVG Venalum, Industrias Diana y otras empresas del Estado, convergen personas de partidos que integran el Gran Polo Patriótico y el PSUV.

El rechazo a la burocracia los acerca

Un punto donde coinciden ambos grupos es en la lucha contra la corrupción y la burocracia, especialmente en las empresas del Estado, en ese sentido la dirigente sindical Marcela Maspera explica que durante los conflictos en Sidor el presidente de la Asamblea Nacional, Diosado Cabello, terminó por reconocer  que habían mafias en la siderúrgica que han ocasionado la caída de la producción, por lo que  expresó la voluntad del Gobierno en invertir  recursos para recuperar los niveles de productividad.

Pero Maspera vas más allá y denuncia que “hay un nido de corrupción muy grande alrededor de Sidor, de Alcasa, Venalum, Ferrominera, la Fábrica Nacional de Cemento, la Corporación Nacional de Cemento y  centrales de azúcar donde la burocracia recibe dinero y no los ha invertido, ni los invierte en las empresas, entonces pretende que la clase trabajadora pague las consecuencias, despidiendo trabajadores o rebajándoles sus beneficios contractuales”.

Jesús Dávila coincide en parte con ese planteamiento al considerar que la burocracia en muchos casos no da respuestas al interés de los trabajadores que promueven el reimpulso de la producción  en las empresas. Pone el caso de Venalum y dijo que se encuentra produciendo en un tercio de su capacidad, o Wonder de Venezuela, empresa privada donde “compañeros promueven el reimpulso, pero la burocracia no les da respuesta”.

Argumenta que se necesita  la articulación entre el poder constituido y los trabajadores, a la vez que  responsabiliza al Estado de ser causante del estancamiento del aparato productivo, porque hace caso omiso a los pedidos de los trabajadores de otorgar recursos que ayuden a mejorar los procesos de las empresas públicas.

Juntos pero no revueltos

La representante de UNETE es enfática cuando dice que desde los sindicatos hacen esfuerzo de unión civil sindical, dejando de lado lo ideológico en defensa de los sindicatos, pese a que desde la cúpula de la organización sindical “se miran el ombligo defraudando a las bases”, quienes a la final no les importa si están en una central u otra para enfrentar a aquel patrono público o privado que pueda estar agrediendo a los sindicatos.

Por otro lado Dávila menciona que actualmente su movimiento se encuentra revisando las grandes debilidades que presentan como lo son la articulación y la formación, porque la mayoría de los colectivos han manifestado la necesidad de la formación.

“Es algo que ahora estamos discutiendo, la manera  de organizarnos como movimiento; unidad dentro de la diversidad”, apunta.

Finalmente Dávila refiere que los consejos de trabajadores tienen como reto “la socialización de los medios de producción privados” y  solo buscan llevar al carácter social a la empresa y no la estatización de las mismas.

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