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Exigen al ministro Héctor Rodríguez publicación de documentos sobre comunidades educativas

por David Rodríguez
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Caracas/Finanzas Digital.- A través de una nota de prensa, las organizaciones Fenasopadres, Forma, Colegio de Profesores de Venezuela, la Cámara Venezolana de Educación Privada (CAVEP), la Asociación de Profesores de la UPEL (APROUPEL), Padres Organizados de Venezuela, la Asociación Larense de Educación Privada y otros representantes de la sociedad civil, consignaron en el Ministerio del Poder Popular para la Educación un documento para exigir al ministro Héctor Rodríguez la publicación inmediata de los documentos sobre comunidades educativas.

Nancy Hernández de Martín, representante de Fenasopadres, señaló que los documentos preliminares constituyen una propuesta de normativa del funcionamiento de las comunidades educativas promovida por la administración de Rodríguez y que están al tanto de que esto se están discutiendo en su despacho.

La coalición de organizaciones civiles que promueven y defienden la educación libre y democrática en el país exigen a Rodríguez el respeto del artículo 141 de la Constitución Nacional donde se precisa que la administración pública “se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad 2 en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho”.

Paola Bautista de Alemán, vicepresidente de la Asociación Civil FORMA, afirmó que “es muy importante que las familias estén informadas sobre la normativa que regirá a las comunidades educativas. Tenemos el precedente inconstitucional e inconsulto de la resolución 058. No queremos que Héctor Rodríguez nos madrugue con un reglamento que no sirva a la Constitución y las leyes. Sin duda, es una mala señal que tengamos a venir hasta acá para exigir un derecho que nos debería ser honrado sin ejercer estas presiones ciudadanas”.

Las organizaciones esperan respuesta a esta exigencia en un plazo máximo de 15 días hábiles, tal como lo establece la Ley Orgánica de la Administración Pública.

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