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Expertos afirman que Ley de Precios Justos acentuará la crisis económica

por Carmen Rodríguez
sundde

En extremo punitiva y de imposible aplicación, así describen varios expertos en el área a la nueva Ley Orgánica de Precios Justos que entró en vigor esta semana trayendo consigo reformas en dos áreas claves: el precio de venta al público y la aplicación de sanciones.

Según declaraciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, el pasado mes de octubre, el Decreto Ley publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria 6.202, tiene el objetivo de “apretarle las tuercas” a la normativa de 2014, que ha quedado derogada.

Para lograr esa meta, el texto extiende la aplicación de un precio máximo a los productos no regulados y aumenta las sanciones fiscales y penales a quienes incumplan la ley, e incluso sanciona a los consumidores que sean víctimas de la especulación.

Precio Máximo de Venta al Público

La nueva Ley eleva a dos los sistemas de control de precios. Por un lado está el Precio Justo –que ya estaba presente en la Ley de 2014- determinado por la Superintendencia de Precios Justo (Sundde) y aplicado en los productos regulados.

La novedad es el Precio Máximo de Venta al Público que será aplicado a los bienes y servicios no regulados.

Este Precio Máximo podrá ser determinado por el productor, el importador o el prestador de servicio, pero también podrás ser calculado y aplicado por la Sundde cuando el organismo lo considere necesario. Lo que obligaría al Estado a calcular la estructuras de costo de todos los bienes y servicios que se intercambian en el país.

Para el director Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas, Víctor Maldonado, esta medida “es imposible de aplicar” y contribuiría a “incrementar la escasez y la inflación”.

“A mayor riesgo habrá menos inversores que quieran asumirlo”, afirmó por su parte Camilo London, experto en Finanzas, para quien la falta de un reglamento que explique los vacíos de la Ley contribuye a la incertidumbre y deja a los productores e importadores en manos de lo que establezcan las Providencias de la Sundde.

Margen máximo de ganancia

La Ley de 2015 no altera el margen máximo de ganancia de no más de 30% en cada uno de los sectores de la cadena de distribución. Sin embargo, este punto se mantiene como uno de más álgidos del texto para los expertos, quienes sostienen que hay un problema en el cálculo de costos de producción y distribución de los bienes y servicios.

“El texto de 2015 no corrige el de 2014. Se habla de estructuras de costos pero no se define en que consisten estas estructuras. Esto se deja en manos de la Sundde”, explica London.

Aquiles Martini, tesorero de Fedecámaras, agrega que el “Gobierno asume el costo que ellos quieren poner” dejando de lado la realidad de las empresas, importadores y líneas de distribución.

El empresario señala que se establecen costos de importación a una determinada cantidad de dólares, cuando a veces la cifra es mayor, o se calculan precios de transporte por debajo del valor real. A su juicio la consecuencia de este proceso es “un Dakazo repetido muchas veces, un asalto al consumidor (…) y la quiebra de empresas y negocios”.

Más sanciones 

La mayoría de los cambios se han registrado en el ámbito de las sanciones donde se destaca la creación de nuevos delitos y el incremento de las multas -calculadas ahora sobre los ingresos netos de la empresa- y de las sanciones penales.

Uno de los cambios más controversiales es la autorización a la Sundde para imponer sanciones en el curso de las inspecciones, sin realizar proceso judicial alguno.

“Esta es una ley muchísimo más punitiva”, afirma Martini, quien agrega que no contempla el respeto al debido proceso ya que “la Sundde sanciona primero y luego permite el derecho a la debida defensa”.

Además se le permitirá a órganos policiales y militares realizar las inspecciones en los comercios. Una competencia que era exclusiva de la Sundde en la normativa de 2014.

Otro cambio relevante se registró en el capítulo referido a la especulación. Según la nueva ley no sólo serán sancionados quienes vendan a sobreprecio, sino también quienes compren, es decir las propias víctimas del delito de especulación.

El texto también crea una figura de asociación bajo la que se consideraran responsables de un delito quienes violen la Ley y quienes de una forma u otra estén relacionados a este hecho. Entre estos se destacan las empresas de publicidad y los medios de comunicación.

Además, quienes difundan precios incorrectos de algún producto o servicio podrán ser acusados por el delito de “difusión fraudulenta de precios” que contempla penas de entre dos y cuatro años de cárcel. A esto se debe agregar el delito de “alteración fraudulenta de precios” que sancionaría a todos aquellos que difundan un tipo de cambio diferente al autorizado por el Gobierno.

Consecuencias

Para Martini estas medidas tiene como objetivo “meterle miedo a la gente” y sólo lograrán agudizar la crisis ya que nadie producirá a pérdida o bajo circunstancias de riesgo, lo que en última instancia contribuirá a una mayor escasez en el 2016.

Citó como ejemplo el cierre de varios negocios inspeccionados en el mercado de Quita Crespo, lo que en última instancia también impacta en las cifras de desempleo.

Maldonado coincide y califica la nueva Ley como “una profundización del error”. Se manifestó sorprendido por “la rudeza” del texto y confesó que más allá de seguir dando la batalla desde los gremios, los comerciantes “se encuentran indefensos” ante esta situación.

 

Carmen María Rodríguez Torres

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