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Disolución anticipada y liquidación del Banco Industrial de Venezuela

por Alejandro Cáribas
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alejandro-caribasAlejandro Cáribas.- La Contraloría General de la República (CGR) al examinar los estados financieros del Banco Industrial de Venezuela (BIV) 2007-2008, recomendó su liquidación, por considerar que era inviable la continuación de sus actividades. (Informe de 30 de marzo de 2011)

Una empresa calificadora bancaria nacional señalaba que para 2008 los resultados del BIV durante los últimos 14 semestres, en 5 de ellos habían presentado resultados negativos, con pérdidas acumuladas de 161.2 millones de bolívares (Víctor Salmerón “Quiebras e ineficacias signan la historia del Estado banquero”. Diario El Universal, 04/04/2008). Lo anterior coincide con la afirmación de que durante este Gobierno, hasta el año 2009,el BIV ha tenido que ser rescatado al menos 5 veces, con una inyección de 171 millones de bolívares.

Por razones no aclaradas técnicamente, de forma genérica se informó que esta institución fue intervenida en mayo de 2009, porque la Superintendencia de Bancos había detectado algunos problemas de cierta severidad, intervención levantada en enero de 2011, con el argumento de que las causas principales que motivaron su intervención habían sido superadas.

En estudio nuestro concluimos en la conveniencia de evaluar la extinción del BIV mediante fusión por absorción por parte del Banco de Venezuela (“Desempeño de la Banca Pública y la Banca Privada en Venezuela 2009-2011” p. 169.
Noticias reiteradas daban cuenta desde hace más de un año de que se había iniciado un proceso de disolución de hecho del BIV: importante número de despidos o renuncias inducidas de sus trabajadores, traslado de cuentas nóminas significativas a otros bancos del Estado, retiro de la casi totalidad de los denominados Puntos de Ventas, etc.

Sorpresivamente, en Gaceta Oficial No. 40.846 de 11 de febrero de 2016 fue publicada la disolución anticipada, cese de las operaciones y actividades de intermediación financiera del BIV e inicio de su liquidación administrativa, cuyos activos y pasivos, al parecer, pasarían al Banco del Tesoro.

Las razones para tal medida son genéricas e imprecisas, se expresa que la decisión se inscribe dentro del marco de los planes diseñados por el Ejecutivo Nacional para dar una nueva estructura, composición y dimensión de la banca pública, conforme al proyecto de integración de esta última, con el fin de fortalecer, reorganizar y optimizar su funcionamiento y hacer más eficiente su actuación.

Es indudable que se requiere una reorientación de la política gubernamental hacia el sector financiero público en general, y en especial hacia el sector bancario que entre otros aspectos incluya la no creación de institutos de créditos bajo la figura de instituciones bancarias, la abstención de constituir nuevos bancos del Estado, la de fusionar algunos de los existentes, etc., pero no de medidas aisladas, como la del BIV, embozada bajo supuestos planes para hacer más eficiente la banca del Estado.

Hasta el año 2011 inclusive, el BIV presentaba resultados acumulados negativos, por el orden de los 234.304 millones de bolívares, a pesar de haber obtenido beneficios netos ese año por 74.271 millones de bolívares; sin embargo, en los años sucesivos sus estados de resultados para los años 2012, 2013, 2014 y junio de 2015, mostraron ganancias netas por 145.311, 203.476, 331.587 y 470.355, millones de bolívares, respectivamente, lo que conduce a aseverar que el BIV se encontraba en el camino de mejorar su gestión administrativa, a juzgar por los resultados netos positivos en esos años.

Al comparar sus indicadores con los del sistema bancario durante los años 2011 a junio de 2015, la afirmación anterior pierde fuerza, aunque a lo interno históricamente había experimentado mejoría, al abandonar la senda de pérdidas netas recurrentes y recapitalizaciones frecuentes. Veamos:

Solvencia Patrimonial

Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Junio 2015
Sistema Bancario 10,41% 10,39% 11,02% 10,05% 10,30%
BIV 6,97% 7,89% 18,95% 15,77% 19,02%

 

Morosidad

Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Junio 2015
Sistema Bancario 1,44% 0,88% 0,62% 0,46% 0,42%
BIV 18,01% 9,70% 1,32% 1,25% 1,80%

 

Intermediación Crediticia

Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Junio 2015
Sistema Bancario 54,83% 50,41% 48,80% 53,12% 54,78%
BIV 8,16% 6,36% 13,04% 43,52% 45,55%

 

ROA

Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Junio 2015
Sistema Bancario 3,04% 4,13% 4,52% 4,38% 4,07%
BIV 0,52% 1,66% 0,99% 1,27% 2,27%

 

ROE

Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Junio 2015
Sistema Bancario 36,63% 53,00% 57,56% 65,18% 61,46%
BIV 12,18% 35,87% 8,65% 14,05% 26,91%

 

Liquidez

Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Junio 2015
Sistema Bancario 27,64% 26,92% 26,00% 27,25% 30,30%
BIV 41,85% 44,17% 31,08% 16,95% 48,81%

 

Hasta el año 2013 su rol como intermediador crediticio fue muy pobre, cumpliendo un papel de receptor de fondos del sector público para invertirlos en títulos valores, lo que comienza a revertirse en 2014 y junio de 2015. Sorprendentemente entre junio y diciembre de 2015 duplicó su cartera de crédito, sin que fuese posible conocer el destino de los mismos.

Su rentabilidad si bien quedó muy por detrás de la del sistema bancario, mantuvo un crecimiento lento, pero sostenido en el período comentado. Su morosidad siempre fue una de las más altas del sistema bancario, ubicándose en los últimos años 3 y 4 veces por encima del promedio del sistema.

Su liquidez durante el período examinado, con excepción del año 2014, excedió la del sistema bancario, lo que advierte de un manejo ineficiente del disponible, observándose la venta de más del 75% de los títulos valores en el lapso enero-junio 2015, lo que permitió la asombrosa liquidez mostrada en junio de 2015.

Corresponde a los liquidadores resolver acerca del destino de las oficinas ubicadas en Miami, New York y Curazao, únicas de la banca pública en el exterior.

En síntesis, el Ejecutivo Nacional decidió la disolución anticipada e inicio de la liquidación del BIV en tiempos en que este era menos ineficiente y mostraba signos de cumplir su papel como intermediario crediticio, asumiendo el costo social de reubicar su trabajadores en la banca pública u otros entes públicos, que en número de 3.000 enfrentan el temor de quedar cesantes.

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