Despolitizar la justicia


VictorAlvarezVíctor Álvarez R.- Cuando los factores que pugnan por el poder tienen interpretaciones distintas de la Constitución y las leyes, entonces apelan a los recursos de interpretación que hace el Tribunal Supremo de Justicia. Se supone que los tribunales deben estar conformados por magistrados imparciales, con sólida formación y experiencia profesional, así como reconocido prestigio y probidad. Pero en los hechos, los poderes públicos suelen ser penetrados y colonizados por las fuerzas políticas y económicas en pugna para que, llegado el momento de las grandes definiciones, respondan a su interés particular.

La Sala Constitucional es la máxima y última intérprete de la Constitución y está llamada a garantizar la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales. En la actualidad está conformada por varios magistrados que hasta hace poco fueron parlamentarios, ministros y altos funcionarios del gobierno. Esta ha sido una razón de mucho peso para poner en duda la autonomía e imparcialidad del máximo tribunal de Venezuela.

Desde que estalló el conflicto entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, el país ha estado sobresaturado de interpretaciones de la Constitución que cada poder despliega haciendo gala de sus habilidades leguleyas para torcer la justicia a su favor. Pero en esencia, estas argucias legales con las cuales cada quien intenta vestir de interés nacional su interés parcial, son una envoltura del interés político/económico de los poderes que se luchan por imponerse. Veamos dos episodios recientes de esta confrontación:

· En enero, la AN controlada por la oposición acusó al presidente de la República de abandono del cargo y, por lo tanto, emplazó al CNE a convocar elecciones presidenciales en el plazo de un mes. Esta decisión de la AN fue considerada por el gobierno como un intento de golpe de Estado, pero no activó ninguna alarma en la OEA.

· En marzo, el TSJ aprobó las decisiones 155 y 156 que fueron calificadas por la Fiscal de la República como “violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que constituye una ruptura del orden constitucional”.

Se trata de dos nuevos capítulos de la confrontación política entre las tendencias que se disputan el poder en la Venezuela rentista. La legalidad o no de ambas decisiones no puede dejarse a la interpretación de los especialistas y constitucionalistas de cada lado, ya que lo harán a partir del interés que representan. Cada ciudadano está obligado a hacer su propia interpretación y a sacar sus propias conclusiones para ser consecuente con el mandato del artículo 333 de la CRBV.

En momentos en los que las decisiones de la AN y las interpretaciones de la Sala Constitucional han quedado en entredicho por dos poderes que no se reconocen ni respetan, corresponde a la ciudadanía consciente garantizar la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales. Así como la CRBV fue aprobada en referendo popular, nadie puede negar ahora el derecho y obligación del soberano como poder constituyente, de ser su máximo y último intérprete. La fuerza de la opinión pública está obliga a velar por la justa interpretación y aplicación de la Constitución.

Para preservar el modelo de Estado consagrado en la CRBV se impone garantizar la separación e independencia de los poderes públicos como fundamento clave del Estado de Derecho. Para lograrlo, el país tiene que plantearse seriamente despolitizar la justicia, designando como magistrados a honorables venezolanos de sólida formación académica, destacada trayectoria profesional y vida ejemplar.

@victoralvarezr


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