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Lagarde: La arquitectura tributaria internacional de las empresas está fundamentalmente desactualizada

Lagarde: La arquitectura tributaria internacional de las empresas está fundamentalmente desactualizada
marzo 25, 2019

“Albert Einstein dijo una vez que lo más difícil de entender en el mundo es el impuesto sobre la renta. Quizá sea difícil, pero es posible crear un sistema de tributación empresarial que refleje mejor los cambios en la economía mundial”.

Con estas palabras, Christine Lagarde, inició su discurso en el Instituto Peterson de Economía Internacional (PIIE) sobre tributación de las empresas.

La Directora del Fondo Monetario Internacional señaló que la percepción del público de que las grandes multinacionales pagan pocos impuestos ha dado lugar a exhortaciones políticas para que se tomen medidas urgentes.

“En primer lugar, la facilidad con la que las multinacionales parecen evitar pagar impuestos, junto con la disminución observada en los últimos 30 años de las tasas que pagan las empresas, socavan la fe en la equidad del sistema tributario en general. En segundo lugar, la situación actual es especialmente nociva para los países subdesarrollados, ya que los privan de ingresos que los ayudarían a lograr un mayor crecimiento económico, reducir la pobreza y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030. Por mucho tiempo las economías avanzadas han sido las que han definido las reglas de tributación internacional de las empresas, sin considerar cómo afectarían a los países de bajo ingreso”.

Un análisis del FMI muestra que los países ajenos a la OCDE dejan de percibir aproximadamente USD 200.000 millones de ingresos al año, o alrededor de 1,3% del PIB, debido a las empresas que trasladan sus beneficios a jurisdicciones de baja tributación.

De acuerdo a Lagarde, la función del FMI es ayudar a los países a definir una solución que aporte estabilidad y que incorpore plenamente los intereses de los países en desarrollo. En un nuevo estudio publicado hace dos semanas se analizaron varias opciones en función de tres criterios básicos: abordar mejor el problema del traslado de beneficios y la competencia tributaria; superar los obstáculos administrativos y legales a la reforma; y garantizar el pleno reconocimiento de los intereses de los países emergentes y en desarrollo.



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