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Importancia de las Leyes de Base (I)

junio 15, 2019

Eduardo-LaraEduardo Lara Salazar.- La Descentralización, como proceso para el desarrollo, requiere de una serie de elementos que permitan la coordinación con los otros niveles del Poder Público, tanto con los órganos como entes de cada uno.

Intervienen distintas autoridades porque no depende de la decisión de una sola, aunque el acto o producto final para ello emane de alguna, como sería el Ejecutivo Nacional, por ejemplo.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999) establece una herramienta con la cual se puede gestionar la actuación de las distintas autoridades; se trata de las llamadas Leyes de Base.

Al leer la Carta Magna se pueden sacar los elementos que se enumeran a continuación sin que implique un agotamiento del punto; por ejemplo:

  1.  No es definido por el Constituyente.
  2.  Corresponde exclusivamente dictarlas al Poder Nacional.
  3. La competencia para legislar, dentro del Poder Nacional, es de la Asamblea Nacional, ya que el vocablo alude a la expresión leyes. Sin embargo, no hay norma que impida delegarla legislativamente al Poder Ejecutivo mediante lo que se denomina ley habilitante.
  4. Se relacionan con las llamadas competencias concurrentes.
  5. Está íntimamente vinculada con la descentralización.
  6. Da origen a otro tipo de ley denominada ley de desarrollo a cargo del Poder Estadal.
  7. También se encuentra consustanciada con procesos como planificación, ordenamiento y programación, para lo cual deberá contar con los recursos pertinentes.
  8. El rol del Poder Nacional será dictar los procesos o pasos elementales.
  9. Su contenido es limitado.
  10. Se trata de una relación causa y efecto.

De todos estos uno de los más importantes se refiere a su vinculación con las competencias concurrentes.

Ello en razón de constituir el ámbito básico para evitar la indebida intromisión entre los actores, generando conflictos de autoridad, dispersión de recursos y esfuerzos, entre otros; que no conllevaría al logro del objetivo o meta trazada.

Cabe recordar que las competencias concurrentes se encuentran en los distintos niveles del poder Público; veamos el siguiente ejemplo en materia de basura y desechos sólidos.

La Ley de Gestión Integral de la Basura (LGIB, 2010), tiene por objeto establecer las disposiciones regulatorias con el fin de reducir la generación, garantizar el aprovechamiento y disposición final de la basura.

Al señalar la LGIB competencias específicas a los tres niveles territoriales de poder público, debe incluirse como competencia concurrente, por lo que cada uno tiene una cuota de responsabilidad definida.

El ámbito nacional tiene a su cargo la formulación de políticas sobre la gestión integral de los residuos y desechos sólidos, fijar criterios para el establecimiento de tributos, aprobar tecnologías para el tratamiento o aprovechamiento.

A los estados y al Distrito Capital, la prestación de los servicios de transferencia y disposición final de los desechos sólidos, bien sea en forma directa o a través de terceros, como asociaciones cooperativas, empresas privadas, por ejemplo; también participar en el aprovechamiento de residuos mediante la creación de empresas de propiedad colectiva, con las comunidades organizadas.

Mientras que, al municipio, la gestión del servicio de aseo urbano y domiciliario. La Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM, 2010) lo señala dentro del elenco de competencias propias y obligatoria, incluidos los servicios de limpieza, recolección y tratamiento de desechos; para la realización, pueden hacerlo con cualesquiera de los medios de gestión como dice esta Ley.

Otra competencia es la regulación vía ordenanzas, incluyendo las tarifas, tasas o cualquier otro aspecto económico derivado de la prestación del servicio.

Esto demuestra que el municipio no tiene a su cargo todos los aspectos del manejo de la basura, aun cuando tiene una importante cuota, porque en aquél se asigna la gestión de muchos servicios públicos domiciliarios o no con afectación importante para el ciudadano cuando no son prestados con óptimo nivel.

Al examinar el ejemplo anterior se observa que, pese a la existencia de varios niveles de autoridad, la existencia de asuntos por atender porque intervienen en ellos desde sus esferas competenciales; si el ámbito nacional aprueba la ley – en el presente caso sobre basura y desechos – que fija el marco regulatorio y lo que debe realizar en cada uno de los niveles territoriales, bien sea mediante órganos o entes, la concurrencia se logra justamente en este aspecto, porque es a partir de allí que existirá la debida coordinación y evitar indebidas intromisiones.

Ahora bien, corresponderá – no solamente al órgano legislativo en cada uno dictar los respectivos instrumentos legales para el ejercicio de sus competencias – sino la del órgano ejecutivo para la materialización de lo dispuesto por el texto normativo.

Una institución que es clave para ello es el Consejo Federal de Gobierno, cuya finalidad – siguiendo a la CRBV – es la de ser el agente para la descentralización.

La Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno (2010) señala que el Consejo Federal de Gobierno es el órgano encargado de la planificación y coordinación de políticas y acciones para el desarrollo del proceso de descentralización y transferencia de competencias del Poder Nacional a los estados y municipios.

Para ello también se verá el concurso de otros actores como se leerá posteriormente.

En otra oportunidad se tocarán tópicos relacionados con el tema.

No lo olvide, el país se construye desde sus municipios.

 

@Edularalaw

 



Acerca del autor

Eduardo Lara Salazar

Eduardo Lara Salazar

Abogado de la Universidad Santa María con postgrado en Gerencia de Impuestos Municipales en la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública (ENAHP). Abogado del escritorio jurídico Lara Salazar & Asociados. Profesor en la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública. También ha sido docente universitario en la Universidad Católica Andrés Bello y en la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada Nacional. Articulista en diferentes medios digitales en temas de Derecho Civil, Mercantil, Administrativo y Tributario.

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