Una vez más la Unidad Tributaria
Camilo London.- Es desde hace algunos años un lugar común en el país el análisis y comentarios sobre la Unidad Tributaria y la forma como este indicador se ha desfigurado perdiendo el objeto que tuvo al momento de su inclusión en la legislación tributaria nacional.
Cuando se adoptó la Unidad Tributaria en Venezuela en el año 1994, los proponentes de la iniciativa que había dado buenos resultados en otros países como en el caso Chileno, nunca imaginaron cuánto podría llegar a desvirtuarse su valoración.
Era difícil predecir los niveles de precariedad institucionalidad que llegaríamos a tener en el país, los cuales condujeron a que el indicador se convirtiese en un grave factor de distorsión del Sistema Tributario Nacional, como ya lo han reconocido y denunciado destacados estudiosos del tema.
La Unidad Tributaria fue vista como una “tabla de salvación” para evitar la frecuente modificación de las normas jurídicas cuyos rangos y tarifas expresadas en valores monetarios nominales, sufrían la pérdida de vigencia económica por el indetenible avance de la inflación.
La misma no solo fue empleada en el ámbito tributario nacional, sino que desde su creación pronto sería una referencia para la legislación municipal y estadal. Incluso, fue adoptada por la legislación laboral y la que luego reguló los aportes a entidades parafiscales como el FONACIT.
También fue asumida por instituciones privadas, como es el caso de los gremios profesionales que la emplearon como una medida para fijar tarifas y escalafones. La Unidad Tributaria en Venezuela adoptó rápidamente universalidad.
Era lógico suponer el alto grado de adhesión al salvavidas que representaba una medida que mantenía su valor real protegido de la erosión económica causada por la inflación imperante en el país.
Pero la Unidad Tributaria naufragó luego de que en el año 2007 el Ministro encargado de la economía, Rodrigo Cabezas y el Diputado Ricardo Sanguino Presidente de la Comisión Permanente de Finanzas de la AN, “abrieron la Caja de Pandora” decidiendo torpedear el procedimiento de reajuste por inflación previsto en el Código Orgánico Tributario del año 1994, sin hacer caso a las advertencias sobre las consecuencias económicas y jurídicas de semejante medida.
Desde el año 2007 y hasta la presente fecha, se obvió de forma impune el procedimiento de reajuste por inflación de la Unidad Tributaria previsto en la norma jurídica. En cambio el Gobierno le atribuyó un monto sin atender al Principio Constitucional de la Reserva Legal Tributaria.
De haberse realizado el reajuste de la Unidad Tributaria conforme la variación del IPC desde el año 2007 y hasta el año 2014; y luego de reformarse el Código Orgánico Tributario a finales de ese mismo año, tomando la variación del INPC hasta la actualidad; según mis cálculos el valor de la Unidad Tributaria para 2021 debía ser alrededor de Bs. 1.561.000. Lo que representa un desvío de más de 7700 % respecto al valor de Bs. 20.000 que el SENIAT le fijó en abril de este año.
Para muestra de los efectos de la subvaloración de la Unidad Tributaria, vemos como una pequeña empresa que alcance una renta neta de 4.000 millones de bolívares en el año 2021, deberá pagar un 33,80 % de ISLR. Mientras que de aplicarse el valor que hubiese reconocido la inflación acumulada desde que se creó la Unidad Tributaria, su tasa efectiva de ISLR sería de solo 17 %.
Lo mismo ocurre con las personas naturales, incluso los que perciben salario mínimo, cuya tasa efectiva de impuesto tiende a 34 % desde hace varios años.
Así mismo, se ha incrementado la cantidad de contribuyentes del aporte al FONACIT o al Fondo Nacional de Deporte, que califica a estos en razón del ingreso bruto o la utilidad anual en operaciones, ambas medidas en términos de Unidades Tributarias. Estos tributos fueron diseñados para aplicarse a las empresas más grandes, pero ahora cualquier pequeña tienda está sujeta a ellos.
En el caso de las personas naturales residentes, el problema se agrava dado que la subvaloración de la Unidad Tributaria les reconocerá para el año 2021 un desgravamen único opcional de apenas Bs. 15.480.000. En cambio con una Unidad Tributaria que hubiese sido reajustada siempre en función de la inflación, el monto a ser excluido de la base imponible del ISLR sería para éstas, setenta y siete veces mayor, equivalente a Bs. 1.208.214.000.
En la Ley de ISLR está prevista una rebaja de dicho impuesto de Bs. 2.000.000, (10 UT), por el cónyuge que no declara por separado y por cada carga familiar, así como otro tanto por una rebaja personal. Pero considerando el valor teórico que debería tener el referente impositivo, cada una de esas rebajas de impuesto para el ejercicio fiscal de 2021 sería de Bs. 15.610.000.
La respuesta del Estado a la problemática ha sido crear bifurcaciones, como lo fue la huida hacia el Petro o a la cuantificación de sanciones tributarias en divisas, en las áreas que le representan obtener con ellos una mayor recaudación. Pero lejos de aportar una salida al problema, solo lo han agravado.
La solución a esta monumental desviación que tiende a elevar la carga impositiva de los ciudadanos en niveles que algunos acusan de ser regresivos y confiscatorios, requerirá redefinir nuevamente los valores que están expresados en términos de Unidades Tributarias en las leyes vigentes, con un necesario mecanismo de transición para aminorar el impacto de corrección del rezago acumulado en tantos años, y por supuesto, no continuar con la desnaturalización del reajuste de la misma.
Pero ello no debería conducir a la migración hacia una nueva medida, como se ha pretendido con el tipo de cambio de monedas extranjeras o con el Petro, cuyo valor está anclado de forma indirecta al de una divisa.
Creo que la solución al problema no es desechar a la Unidad Tributaria sometida al ajuste por inflación, como ha sido la pretensión consumada en la legislación más reciente, sino que podamos retomar la Unidad Tributaria con un procedimiento de indexación inflacionaria con estricto apego a la Ley, simple aritmético, determinístico y deslastrado de la discrecionalidad del Gobierno de turno.
Sin embargo, no sería suficiente con volver a la fórmula de cálculo inicial, porque ciertamente hay elementos como el período anual de reajuste, que en un escenario hiperinflacionario hace necesario su replanteamiento, como ya lo hicieron otros países que encontraron la solución a ello con una actualización mensual de su valor.
En todo caso, la solución al problema parece requerir de una receta que incluya un escenario de equilibrio e independencia de los Poderes Públicos, en el cual tenga cabida plena la participación ciudadana por medio de las organizaciones que la representan, en especial con el protagonismo de la academia y los gremios, así como la voluntad política del gobierno que impulse el proyecto y propicie condiciones para un amplio acuerdo que se enfoque en encontrar el remedio que necesitamos en esta materia.
Sin ánimo de forzar una “carambola” editorial, me permito cerrar esta entrega reflexionando y señalando que quizás, soy en demasía ingenuo en lo que se refiere a la aspiración de lograr resolver en este momento el problema de la Unidad Tributaria, ya que los mismos ingredientes de la receta antes prescrita, son parte de la manifiesta carencia que nos sitúa por ejemplo, a la cola de los países del continente en el desempeño económico, en la transparencia, y todavía más grave, en la insólita demora de la instrumentación de un plan de vacunación masiva, que permitiría salvar la vida de tantos venezolanos que día a día desamparados pierden la batalla contra el COVID-19.
En ese orden de ideas, vale acotar que si a pesar de las iniciativas que desde la sociedad civil organizada y gremial se han planteado respecto a algo tan sensible como la urgente necesidad de lograr la pronta inmunidad de rebaño contra el virus pandémico, esto no ha sido considerado por la autoridad gubernamental y no ha logrado tampoco la activación ciudadana en el país para exigir una oportuna solución, poco se podría esperar de nuestra capacidad de atender otros problemas que como sociedad padecemos. Por ello no es de extrañar que sea posible que sigamos hablando y escribiendo por otro largo rato, entre otros temas, de la tarea inconclusa de poner fin a la problemática de la subvaloración de la Unidad Tributaria y sus nocivos efectos.
Licenciado en Administración Comercial de la Universidad de Carabobo, con especialización en finanzas y gestión de tributos, docente UCAB en Cátedra Tributaria, Consultor empresarial, Editor del Blog GERENCIA Y TRIBUTOS (gerenciaytributos.blogspot.com).
