Inicio Países Municipio y actividad de fomento (II)

Municipio y actividad de fomento (II)

por Eduardo Lara Salazar
Leyes
Eduardo-Lara

Eduardo Lara Salazar.- Determinada la actividad de fomento en el orden constitucional, corresponde examinarla – en su relación con el Municipio – desde la perspectiva legislativa y administrativa, es decir, de manera operativa diaria.

El profesor José Peña Solís en el libro “Manual de Derecho Administrativo”, Volumen III, Colección Estudios Jurídicos, Tribunal Supremo de Justicia, Caracas, Venezuela, 2006; hace algunas precisiones. 

Descendiendo al campo administrativo y legislativo, es partidario de afirmar que el fomento actúa como una competencia concurrente, evidenciándose en materias como: salud, empleo, emprendimiento, cultura, deporte, recreación, desarrollo económico, participación ciudadana, artesanía, microempresa,  pequeña y mediana industria.

Cabe preguntar a estas alturas, ¿Cómo se puede poner de manifiesto la actividad de fomento en el municipio?

Ya se han asomado mecanismos para ello; sin embargo, en el área municipal, existe el principio cardinal de la participación ciudadana, debiendo mantenerse informados e interactuando  con los diversos sectores de la sociedad que hacen vida en su territorio.

La Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM, 2010) es clara en este sentido, puesto que el elenco ofrecido no es cerrado, dado que – en otras leyes – se fijan nuevos mecanismos o se profundizan los existentes en aquélla.

Ejemplos se encuentran en materia de electricidad y agua, a través de sus respectivas legislaciones.

La doctrina discute si debe o no ser objeto de control, especialmente en los casos de subvenciones, lo que implica que no es sujeta a reintegro o devolución, es decir, a fondo perdido, al igual si ella se trata de una donación, como en materia civil.

Ahora bien, esta última tesis ha sido abandonada siendo sustituida por elementos que la hagan de utilidad, lo que amerita contar con la legislación necesaria y no una fuente de despilfarro o dispersión de recursos que podrían emplearse para la satisfacción de otras necesidades.

Véase algunas características de ellas frecuentemente encontradas.

  • Es una atribución de carácter patrimonial, lo que se asocia a entregas de cantidades de dinero, aun cuando también – total o parcialmente – puedan ser en especie.
  • Proviene de una entidad pública, bien sea órgano o ente.
  • No se requiere devolución o reintegro (fondo perdido) porque no hay exigibilidad por el concedente hacia el beneficiario.
  • Excluye a las entidades públicas como sujetos a percibirlas, por lo que se dirige solo a particulares.
  • En ocasiones, se observa que no existe finalidad, por lo que debería ser empleada con una – por lo menos – previamente establecida para otorgarla, pues tiene que estar en consonancia con el interés público.
  • Tiene que estar prevista con cargo al presupuesto, por aquello de no poder efectuar erogación sin contar con la respectiva disponibilidad.
  • No siempre existe un procedimiento establecido con antelación.
  • Dado que no se concibe exigibilidad, menos aún se observan sanciones por incumplimiento. Podría establecerse mediante previsión legal.

Otras formas como las transferencias, subsidios, aportes, créditos o contribuciones poseen también sus hechos diferenciadores de la subvención.

Las primeras suelen hacerse entre entidades públicas, como ocurre con el Ejecutivo Nacional y los municipios ante la imposibilidad de estos para atender una urgencia; es conocido que el presupuesto local – muchas veces – no cuenta con los recursos ante un aumento general de sueldos y salarios de los trabajadores, puesto que los pasivos laborales se multiplican exponencialmente dado el volumen, pero hay que cumplirlo de inmediato frente a ellos por ser una norma de obligatorio acatamiento.  

Los subsidios son ayudas que se entregan con fines benéficos que las entidades públicas aportan de forma indirecta al administrado porque – a diferencia de las subvenciones – hace menos onerosa la adquisición de bienes o recibir un servicio, toda vez que se materializa en cabeza de quien elabora o distribuye aquellos y/o presta los últimos; otra forma prevista es mediante normativa legal dictada al efecto.

Un ejemplo es la venta de alimentos y otros productos de primera necesidad a precios muy por debajo de los que se encuentran en el comercio, bien sea en establecimientos a cargo de entidades públicas, regulaciones o por convenios con el sector privado.

Cuando se habla de crédito la distinción es evidente porque hay que restituir la suma otorgada con intereses – en algunos casos preferenciales – y/o bajo condiciones flexibles que permiten la realización de la actividad del deudor más favorable que de ordinario. La banca pública se caracteriza por dar facilidades a los prestatarios en ese sentido. Algunos municipios cuentan con un instituto de crédito popular donde se realizan algunas operaciones bancarias, con estas connotaciones.  

Bajo la existencia del Banco Industrial de Venezuela se incentivaron diversas actividades económicas, gracias a su apoyo. Sin embargo, se liquidó por los serios problemas que confrontaba y el Ejecutivo Nacional desistió de la idea de mantenerlo.

Desde la perspectiva tributaria, el legislador – con fines de política pública o fiscal – ha previsto normas en las que dispensa total o parcialmente el pago del tributo, bien sea porque lo concede directamente la Administración Tributaria (exoneración) siguiendo los trámites para ello o por expresa disposición de la ley u ordenanza que lo contemple (exención).

Al respecto, el Código Orgánico Tributario (COT, 2020) y la (LOPPM, 2010) son instrumentos que contienen lineamientos.

Puede darse el caso que el interés público gire en torno a un tratamiento especial para el incentivo de inversión en una zona, como puede ser industrial, turística o recreativa, por ejemplo, aunque ello pase por un sacrificio de las finanzas, pero el bien jurídico tutelado es de más alcance al mediano y/o largo plazo, lo que es excepcional al principio de generalidad y sostenimiento de cargas públicas; de allí que debe estar expresamente regulado en texto legal.

He aquí una aplicación de lo afirmado.

Los municipios podrían establecer vía ordenanza y otros instrumentos – pero siempre con la participación de aquélla – para que algún sector económico o contribuyentes se instalen en un parcelamiento industrial, con miras al fomento del empleo e inversión, lo que apareja mayor recaudación tributaria, pero concediendo por un tiempo finito la exoneración a cambio de ciertos comportamientos o actos por parte de aquellos.

Retomando la idea sobre el control hay que recordar el principio donde no puede haber actividad ajena o excluida a éste, pues representa la moral pública, lo que equivale a un mecanismo legítimo de cómo, quién, en qué se invierten los recursos públicos, puesto que no son ilimitados y nos pertenecen a todos.

Ahora bien, el control – siguiendo a la Carta Magna (1999) – tiene que hacerse  presente en todos los niveles del Poder Público; aplicándolo al ámbito local, aun cuando la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM) atribuye expresamente la función de control a la Contraloría Municipal – partiendo de la existencia del Sistema Nacional de Control Fiscal previsto por la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (LOCGR, 2010), cuyo órgano cúpula es la Contraloría General de la República y posee rango constitucional  – es menester indicar que ésta no la realiza exclusivamente.

También – dentro de su esfera competencial – existe el ejercido por el Concejo Municipal y los ciudadanos a través de la llamada contraloría social, prevista por la Ley Orgánica de Contraloría Social (2010).

En efecto, el órgano legislativo local ejerce el control político sobre los órganos y entes municipales, pudiendo hacer investigaciones, interpelaciones, entre otros; tanto a funcionarios y empleados municipales como a particulares, quienes deberán prestar su colaboración.

Se encuentra estructurado como un cuerpo colegiado, lo que va en consonancia con la función deliberante, puesto que sus actos están enmarcados dentro de la participación, parlamentarismo, consulta, entre otros elementos.

En tal sentido,  el Sistema Nacional de Control Fiscal lo hace a través de la Contraloría Municipal, como si se tratase de la General de la República, según la (LOCGR, 2010).

A su vez, momento pertinente para recordar que la Contraloría General de la República es uno de los integrantes del Poder Ciudadano, el cual tiene a su cargo prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública, la moral administrativa, velar por la buena gestión y legalidad en el uso del patrimonio público, el cumplimiento y aplicación del principio de la legalidad en toda actividad administrativa del Estado.

Al respecto, en el ejercicio de sus funciones, la Contraloría General y el resto de los componentes del Sistema de Control Fiscal, del cual forman parte los municipios a través de la Contraloría Municipal, por ejemplo; pueden efectuar tareas de vigilancia y fiscalización sobre:

  • Ingresos.
  • Gastos.
  • Bienes públicos municipales.
  • Operaciones relativas sobre estos.
  • Efectuar un control fiscal externo de legalidad, gestión, veracidad o numérico legal, sobre las actuaciones administrativas de los órganos y entes, al igual que las personas cuyas actividades y operaciones sean susceptibles de control o verificación.

No solamente en cuanto los elementos descritos supra, sino también sobre:

  • Ejecución de contratos.
  • Control, vigilancia y fiscalización en las operaciones que realicen por cuenta del Tesoro en los bancos auxiliares  de la Tesorería Municipal.
  • Aportes, subsidios y otras transferencias hechas por la República y demás organismos públicos al Municipio.
  • Las que éste lleve a cabo hacia otras entidades públicas o privadas sean invertidos en las finalidades para las cuales fueron efectuadas, pudiendo establecer los sistemas de control que estime conveniente.

Nótese que la Ley no hace distinción si se está ante una persona natural o jurídica, siendo aquélla los individuos de la especie humana y las últimas – ficción del legislador – creadas de acuerdo con la naturaleza, bien de carácter civil o mercantil, para lo cual se ha cumplir con las regulaciones del Código Civil Venezolano (1982), el Código de Comercio Venezolano (1955), en sus casos;  el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Registro Público y Notariado (2014) y demás instrumentos aplicables conforme la materia que trate: seguros, banca, fundación, entre otros.

La acción de la Contraloría – según la (LOCGR, 2010) – también se palpa en cabeza de los contribuyentes y responsables tributarios, conforme las nociones que aporta el Código Orgánico Tributario (2020) así: 

…Corresponde a la Contraloría ejercer sobre los contribuyentes y responsables, previstos en el Código Orgánico Tributario, así como sobre los demás particulares, las potestades que específicamente le atribuye esta Ley…” (Subrayado de E.L.S.)

 Complementa el instrumento el sentido de lo expresado de esta forma:

…Las personas naturales o jurídicas que sean contribuyentes o responsables, de conformidad con lo previsto en el Código Orgánico Tributario, o que en cualquier forma contraten, negocien o celebren operaciones con cualesquiera de los organismos o entidades mencionadas en los numerales anteriores o que reciban aportes, subsidios, otras transferencias o incentivos fiscales, o que en cualquier forma intervengan en la administración, manejo o custodia de recursos públicos…” (Subrayado de E.L.S.)

 El (COT, 2020) concibe a los contribuyentes y responsables como los sujetos pasivos dentro de la relación jurídica tributaria, por lo que se tiene que son los obligados al cumplimiento de las prestaciones tributarias.

De esta forma se busca abarcar la aspiración del Constituyente y el Legislador en todos sus niveles de la factibilidad absoluta del control en resguardo del patrimonio público y minimizar – por no decir evitar a toda costa – lesiones a éste, producto de manejos irregulares, bien sea de forma culposa o dolosa.

Esto ya posee antecedentes dentro del orden legislativo, puesto que siempre se ha concebido a la Contraloría General de la República, como al resto de los órganos de control, con la competencia para estas materias, sino también advertir por vía de reparo

  • Ocurrencia de ilegalidades.
  • Falta de comprobantes.
  • Inexactitudes.
  • Deficiencias.
  • Falta de diligencia, veracidad, probidad, entre otros, del manejo de la cuenta presentada por los funcionarios y servidores públicos, como las de los particulares, bien sea por ser receptores o ejecutores de fondos y otros aportes, o las derivadas producto de su rol de sujeto pasivo tributario.

En otra oportunidad se tocarán tópicos relacionados con el tema.

No lo olvide, el país se construye desde sus municipios. 

@Edularalaw

Artículos Relacionados

Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia. Puede continuar si esta de acuerdo, pero puede optar por no participar si lo desea. Acepto Leer más

Privacidad & Política de Cookies